Castilla La Mancha espera atender todas solicitudes favorables antes de finales de año.

Los 7.000 millones puestos por el Estado a disposición de las CCAA están causando grandes quebraderos de cabeza a muchos gobiernos regionales, que lamentablemente, no están siendo capaces de repartir entre autónomos y Pymes estos fondos en tiempo y forma.

Andalucía se sitúa a la cola del reparto de los fondos, menos del 40% de los 1109 millones de euros. De seguir así tendría que devolver más de 600 millones de euros.

En el resto de CCAA los datos son similares, con cifras parecidas a la comunidad andaluza, como Galicia que tendría que reintegrar unos 140 millones, Asturias 80 millones, Cantabria 30 millones, Castilla y León 180 millones, Valencia cerca de los 300 millones, País Vasco 150 millones y Murcia más de 100 millones.

El ritmo desigual que se ha producido en la tramitación de los 7000 millones de euros por las CCAA, ha supuesto que los porcentajes de reparto económico sean totalmente desiguales. Castilla-La Mancha se encuentra en proceso de tramitación y resolución de expedientes, después de haber puesto en marcha incluso una prórroga para dar cabida a las pymes y autónomos que cumplían los nuevos criterios establecidos por el Gobierno central.

 “En general la planificación de estas ayudas ha sido un auténtico despropósito, desde su concepción por parte del Ministerio de Economía, hasta las adaptaciones que se han desarrollado en el seno de alguno de los Gobiernos autonómicos”, comenta el secretario general de UPTA CLM y vicesecretario general de UPTA España, César García.

Castilla La Mancha optó desde el primer momento por ampliar el listado de CNAE admitidos en la subvención (recordemos que el inicial propuesto por el Ministerio solo recogía 95 de ellos), así como por suavizar el proceso reduciendo burocracia y facilitando la representación de los autónomos a la hora de solicitar las ayudas.

Del mismo modo la JCCM reaccionó a tiempo con las modificaciones que el Ministerio, a la vista de los errores que habían cometido en el diseño de las ayudas, introdujo en las bases de la convocatoria, ampliando la fecha de facturas admitidas y extendiendo éstas a los gastos fijos incurridos, que incluyen las pérdidas contables, durante el periodo de pandemia, permitiendo así que, aquellos autónomos que no arrastraban deudas porque habían cumplido con sus obligaciones de pago pudieran ser beneficiarios de las ayudas igualmente.

En casi ningún caso la mayoría de las administraciones han sido capaces de consensuar con los representantes del trabajo autónomo las ordenes que serían publicadas por las cuales se establecieron las bases de concurrencia, y en donde sí se ha hecho, como Castilla-La Mancha o Canarias, el resultado ha sido completamente el contrario.

Desde UPTA queremos manifestar nuestro malestar con lo que parecía ser un rescate del trabajo autónomo, ya que tanto el Ministerio como algunos Gobiernos autonómicos no han estado a la altura de las necesidades de nuestro colectivo. Es sin duda un auténtico fracaso y un ejemplo de

cómo no se debe desarrollar la planificación y ejecución de los fondos que desde la UE se pondrán en marcha en los próximos meses.

“Es más sencillo de lo que parece, tan solo deben tener la predisposición a dialogar y alcanzar un acuerdo con los que de verdad conocemos la realidad de la calle, de lo que han pasado y de las necesidades de millones de pequeños negocios No podemos permitirnos volver a repetir semejante esperpento en la confección de las ayudas,” concluye García.